Opositores advierte que Santa Cruz paralizará si aprehenden a sus líderes

El senador, Hery Montero,  apuntó contra  la fiscalía y aseguró un posible paro. La medida se llevará a cabo, en caso de que sean detenidos los líderes cívicos.

El legislador, perteneciente a la Bancada de Creemos, Henry Montero, advirtió que en caso de que sean detenidos el Gobernador Fernando Camacho, Romulo Calvo o Vicente Cuellar, se podría paralizar Santa Cruz y en caso de que sean citados a declarar presentarán a dos millones de testigos. 

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"Si alguno de los dirigentes cívicos es detenido inmediatamente Santa Cruz va a paralizar, en caso de convocatoria a declarar de este caso armado de separatismo y terrorismo, por los 36 días de paro indefinido, dos millones de personas se van a presentar como testigos voluntarios"", señaló ante los medios locales.

Entre tanto, la Fiscalía General del Estado informó que las denuncias interpuestas en contra de los líderes cívicos de Santa Cruz,  por la huelga indefinida exigiendo censo en 2023 que duró 36 días, se agruparán en un solo caso judicial. Ante esto, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa,  estableció que se resolvió reagrupar tomas las denuncias en contra del gobernador y el opositor  cruceño, Luis Fernando Camacho; además de que sean incluidos el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.

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Por otro lado, Lanchipa indicó que los líderes cívicos están siendo investigados por al menos una decena de delitos penales. Los cuales,  fueron presentados en tres denuncias independientes, sin precisar los mismos. Entre tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados manifestó que la Fiscalía, deberá llevar a cabo una investigación sobre los “autores materiales e intelectuales” de los actos violentos suscitados en Santa Cruz y que bajo la “persecución política” quieren “evadir a la Justicia”.

Cabe señalar que, el Comité Pro Santa Cruz emitió un comunicado en el cual señaló se declararon en “estado de emergencia” y exigieron a las autoridades bolivianas el “cese a la persecución política” a las personas fueron parte la huelga indefinida. Ante esto, el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el vocero presidencial, Jorge Richter, señalaron que la medida que perduró por 36 días no debe quedar impune y se debe dar con los responsables.

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Bajo esta línea establece que “jamás” permitirá una nueva pérdida de territorio haciendo referencia a la propuesta de líderes cívicos de “revisar” la relación de esa región con el Estado. Entre tanto, durante el paro cívico, en la región se reportaron al menos cuatro fallecidos, varios heridos, detenidos y enfrentamientos entre quienes apoyaban y rechazaban la medida de presión.